Como no veo farándula en la TV, cuando me convidaron a un panel político el viernes, en Canal 13, no estaba al tanto de que había surgido un nuevo culto en el país: el de los derechos humanos de los violentistas. No sabía que, según su Corán, ellos pueden tirar piedras y bombas molotov a los carabineros; destruir, saquear e incendiar, pero no se les puede tocar ni hacer nada, pues hay legiones de «inspectores de DD. HH», pagados por nosotros, los contribuyentes, vigilando celosamente para que nadie vaya a violar los derechos humanos de ellos, aunque ellos estén violando a diario los de los demás, las personas comunes.

Entonces, cuando en el panel me preguntaron si debía protegerse el orden público, bajo el cual desarrolla su existencia la persona común, aun por sobre el derecho de los vándalos, saqueadores y pirómanos a no ser maltratados, dije «por supuesto». Ello desató la ira de los sacerdotes del nuevo Corán.

Pues apenas respondí vi inclinarse hacia mí la cabeza de Polo Ramírez, un periodista a quien conocí hace muchos años en «El Mercurio» como moderado y de derecha, preguntándome con aire escandalizado, y haciéndome recordar a un miembro del sanedrín que fulminaba a Cristo por no respetar el descanso de los sábados, si yo realmente estaba diciendo que para mantener el orden público se podía reprimir a los subversivos, lo que él hacía sinónimo de «violar sus derechos humanos». Me miraba con ojos que transmitían algo sí como «si dices que sí te vamos a crucificar». Mirada muy típica derechista que conozco desde antiguo, y que transmite algo así como una infinita satisfacción de estar cumpliendo un anhelo comunista. Pues una desgracia de la política chilena reside en que, en el fondo de todo derechista, subyace un secreto deseo de que los comunistas lo perdonen. O al menos no lo maten.

Por supuesto, en las grandes democracias la respuesta a esa pregunta es clara: con tal de mantener la seguridad y el orden, que garantizan los derechos humanos de la persona común, de entrada les sacan la contumelia a los subversivos, sin decir «agua va», para expresarlo descriptivamente. Ayer vi la grabación de la captura en Londres del subversivo de ISIS que acuchilló a dos personas en el puente de la Torre: tres policías lo redujeron y lanzaron al suelo. Luego llegó un cuarto con una subametralladora y de un tirón quitó al colega que estaba forcejeando en el suelo con el subversivo caído y mató a éste con dos tiros. ¿Derechos humanos, debido proceso, «rule of law»? Eso queda para los chilenos y sus ciudades arrasadas. Pues acá hay ex militares cumpliendo condenas en Punta Peuco por conductas similares antes de los 90. Hoy en Londres prima por sobre todo la protección de los derechos humanos de la persona común y al que atenta contra los mismos se le da de baja. sin más.

Y los norteamericanos hacen lo mismo: acaban de matar a Abu Bakr al Bagdadi, jefe del ISIS, disparándole desde el aire. Y lo han celebrado bastante. ¿Debido proceso? Me recordó cuando en 2011 un comando norteamericano ubicó a Osama Bin Laden en Pakistán, tras interrogatorios con torturas; le dieron muerte junto a varios colaboradores y una de sus mujeres y después lanzaron su cadáver al mar. ¿Les miraron la cara a Amnesty Intrnational o Human Rights Watch? No: prima la protección de los derechos humanos de la persona común. En cambio acá prima el Corán comunista y similares procedimientos contra la subversión condujeron y conducen a Punta Peuco.

Recuerdo que Hillary Clinton, preguntada.una vez por el periodista Wulf Blitzer, de CNN, sobre qué debía prevalecer, si los derechos humanos o la seguridad nacional, respondió sin vacilar que ésta. Está documentado en mis libros. Pero lo mismo le contesté a Polo Ramírez y se desató el escándalo. Si Hillary hubiera ido a «Bienvenidos», Tonka Tomicic la habría invitado a retirarse del programa.

Que fue lo que hizo conmigo cuando aseguré otra verdad indiscutible: que bajo el gobierno militar no había habido «violaciones sistemáticas de derechos humanos». Esto es muy fácil de probar y lo he documentado con los pronunciamientos de ese régimen, desde 1974, ordenando a sus funcionarios respetar los derechos de las personas. Ello corroborado, además, por la abundante evidencia de que el chileno era el régimen más vigilado del mundo en esa materia. Así, llegaban acá sucesivos inspectores de la ONU a examinar la situación de los derechos humanos. Se recuerdan las misiones del pakistaní Ali Allana y la del costarricense Fernando Volio, jurista que, tras una condena a Chile por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, comentó que ella no se ajustaba a la realidad imperante. Pues todos los años éramos juzgados por esa Comisión. Y la condena por violar derechos humanos tenía graves consecuencias, como la «Enmienda Kennedy» que prohibía a los EE. UU. vender armas a Chile. 

Los miembros de la Junta y luego Pinochet, como presidente elegido, habrían sido sospechosos de haber perdido la razón si hubieran mantenido como sistema el atropello a los derechos humanos, pues ello les significaba no sólo castigos como el anterior, sino perder créditos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

Pero estas cosas hoy no se juzgan atendiendo a la verdad de los hechos históricos sino sólo a través de la repetición de las consignas de la izquierda. A mí casi me divierte otra acusación, la de «¡torturas!», gran favorita para fulminar al gobierno militar, en circunstancias que el 23 de enero de 1972, bajo el gobierno de Salvador Allende, según informaba «El Mercurio» de esa fecha, el presidente de la Juventud del Partido Nacional, Juan Luis Ossa, relataba in extenso sus torturas por aplicación de electricidad en el cuartel de Investigaciones de Rancagua y el posterior interrogatorio por parte del subdirector del servicio, el comunista Carlos Toro. Nada de ello fue contradicho ni desmentido por Investigaciones ni por Allende, que mantuvo en su cargo a Toro, por supuesto. No en vano una de las razones del Acuerdo de la Cámara. llamando a las Fuerzas Armadas a deponer a Allende, era que su régimen aplicaba torturas y flagelaciones a opositores. Poco antes de Ossa, el director del diario «El Cóndor» de Santa Cruz, Maximiano Errázuriz, había sido torturado por detectives miristas. Pero después de 1990 las torturas han sido hechas aparecer como creación de la Junta.

Con razón el senador Navarro anuncia una «ley Hermógenes» para condenar a presidio a quien niegue que las violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno Militar fueron sistemáticas. Ya hay un proyecto similar en el Congreso, bautizado como el de «Cárcel para los Historiadores». Es sabido que la verdad es una de las primeras víctimas de las Constituciones bolivarianas, como la que las encuestas predicen que se consagrará por mayoría en este devastado Chile, a partir del plebiscito de abril.Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/