El País de Cristián Labbé y Sergio Olivares

Cristián Labbé ha sido condenado a tres años de presidio porque un señor del sur sostiene que hace 46 años lo interrogó y le aplicó tormentos. Si hubiera sido efectivo, cosa que Labbé niega, habría estado prescrito desde hace más de cuarenta años, además de haber sido amnistiado hace 42. Eso es lo que dicen las «leyes expresas y vigentes». Pero un ministro en visita sureño, Alvaro Mesa, caracterizado por fallar contra leyes expresas y vigentes, lo condenó a tres años de presidio. Y la respectiva Corte de Apelaciones lo ha confirmado. Hacer esto es constitutivo del delito de prevaricación, consistente, dice el código, precisamente en fallar contra leyes expresas y vigentes. O sea, los que deberían ir presos, y hasta por cinco años, según determina el mismo código, son el ministro Mesa y los ministros de Apelaciones, mientras Cristián Labbé no debería siquiera haber sido procesado.

Eso sería bajo el «estado de derecho», «rule of law», como dicen los anglosajones. Lo malo es que en Chile no rige tal cosa. Y como los jueces que contravienen las leyes quedan impunes, lo hacen cada vez con mayor desvergüenza. 

Además, la cosa es para un solo lado: si usted es militar, va preso aunque la ley diga que no lo pueden condenar. Pero si usted es delincuente terrorista, puede andar libre aunque viole la ley y, además, el estado le pagará una pensión vitalicia con sólo afirmar que una vez alguien lo interrogó por violar la ley. Es el caso de Sergio Olivares, perteneciente a la asociación ilícita terrorista MIR. Cuando en Chile había un  gobierno que combatía el terrorismo, Olivares fue apresado y estuvo tras las rejas entre 1974 y 1978. Pero en este último año se dictó la Ley de Amnistía y salió libre, tal como alrededor de otros mil terroristas de izquierda. Porque esta ley, como otras, sólo beneficia a la izquierda y no a los militares. Para Labbé, por ejemplo, no hay amnistía.

Sergio Olivares, que hoy tiene 67 años, en su tiempo libre asaltaba supermercados y en uno asesinó al guardia del local, de 40 años de edad, con un tiro en la cabeza. En cambio Cristián Labbé no puede salir a la calle, porque los extremistas de izquierda lo insultan y agreden. Sin embargo, cuando su nombre figuró en una papeleta electoral, la ciudadanía espontáneamente votó por él y le dio la primera mayoría nacional entre los consejeros regionales, con 70 mil sufragios, en 2017. Más de los que obtuvieron los diputados más votados (con excepción de Jackson) y los senadores más votados (con excepción de Chahuán). Pero el candidato en esa papeleta no era él, sino su hijo. El país es así: la justicia de izquierda estaba y está preocupada de perseguir al padre, pero la ciudadanía vota por su nombre cuando lo ve en la cédula. Por supuesto, la izquierda sueña con ver a Labbé en Punta Peuco o Colina II, para así poder negarle sus derechos carcelarios, su libertad condicional y hasta el indulto humanitario cuando tenga 80 años de edad o más.

Pues en este Chile de hoy la izquierda hace lo que quiere. Ahora acaba de condenar a cuatro oficiales (r) por cuatro muertes de extremistas en Cauquenes, supuestamente perpetradas el 4 de octubre de 1973 «en el marco de la denominada Caravana de la Muerte en su paso por Cauquenes», dice «El Mercurio», p. C9. Pero no es verdad. Dicha Caravana no pudo estar en Cauquenes el 4 de octubre, porque también ha sido responsabilizada de participar en el fusilamiento del guerrillero Comandante Pepe, en Valdivia, en la misma fecha. En efecto, está probado que el jefe de la comitiva, el general Arellano, puso su firma a la sentencia contra el Comandante Pepe, en Valdivia, en esa fecha. Luego la comitiva emprendió el regreso a Santiago, haciendo escala técnica en Talca. De hecho, voló de Puerto Montt a Valdivia ese mismo 4 de octubre, volvió a Puerto Montt y al final del día emprendió el regreso, con escala técnica en Talca. No pudo estar en Cauquenes. ¿Pero qué problema es ése para la justicia de izquierda? Ninguno. Condena a la comitiva por cuatro fusilamientos de Cauquenes y también por el de Valdivia y a cobrar. Es la «rule of law» a la chilena. 

Escribí un libro cuando esto empezó en 2001. Porque cuando Pinochet era comandante en jefe no se atrevían.

Desde el Más Allá debe estarnos diciendo: «¡Sigan así no más, que Dios los va a castigar!»

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/

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